La exigencia que el Estado promueva la familia

La exigencia que el Estado promueva la familia

Prof. Julian Porteous, Sydney

Aquí en Australia, en varios juicios recientes ante tribunales federales, los jueces han dictaminado que el hecho de limitar la inseminación artificial y la fertilización in vitro a las parejas casadas o aun las parejas homosexuales estables ("casadas de facto"), es discriminatorio, lo cula implica que se considera discriminatorio conceder a las parejas casadas cualquier reconocimiento legal o ventajas que no se concedan también a otros tipos de uniones. Los adultos pueden tener un "derecho a tener niños" legal o, por lo menos, a recurrir a tecnologías procreativas, aunque los niños no tengan "derecho a un padre".

¿Qué podemos esperar del Estado? Santo Tomás de Aquino pensaba que el gobierno era una vocación por la que algunos recibían los medios y la autoridad para dirigir su comunidad para que todos tuvieran seguridad y fueran sanos y virtuosos. Nuestros gobernantes tendrían que desafiarnos, incitarnos, censurarnos y recompensarnos para que vivamos en paz y armonía, florezcamos según la dignidad humana y nos encaminemos a ser santos como Dios quiere que lo seamos. Su autoridad está limitada, entre otras cosas, por su deber de reconocer que las personas y las familias, como células básicas de la sociedad y razón de ser de su existencia, tienen una prioridad moral y que la ley natural (de la que son elementos fundamentales el matrimonio y la familia) debe motivar todas las leyes y la política.

¿Pueden hoy asumir los gobiernos ese papel? En distintos documentos, que abarcan Gaudium et spes, del Vaticano II, las numerosas encíclicas papales, los documentos de Juan Pablo II, como Familiaris consortio y Evangelium vitae, la Carta de los derechos de la familia de la Santa Sede y los documentos de la Congregación de la Doctrina de la Fe, como Donum vitae, la Nota doctrinal sobre la participación política de los católicos y las recientes Consideraciones sobre el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, la Iglesia ha desarrollado una enseñanza sobre el papel del Estado a favor del matrimonio y la familia.

La Iglesia está convencida de que:

 la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y el orden divino y están ordenadas al bien común;

 el poder político debe ser ejercido siempre dentro de esos límites;

 el bienestar de los individuos y las sociedades está vinculado íntimamente a la salud de los matrimonios y las familias;

 el Estado debería reconocer, proteger y favorecer el matrimonio verdadero y la vida familiar;

 el Estado debería apoyar una cultura y una moral pública que promuevan dicha vida familiar;

 las leyes del Estado deberían apoyar la unidad y continuidad de los matrimonios y las familias, no su destrucción;

 el Estado tendría que promover las actividades legítimas y constructivas por parte de las familias y a favor de ellas, y no obstaculizar su desarrollo;

 el Estado debería reconocer derechos auténticos como: el derecho de las parejas casadas a la intimidad debida a su condición y necesaria para procrear y educar responsablemente a sus hijos en el seno de la familia; el derecho de los niños de tener relaciones sanas con sus padres y recibir protección si éstas son imposibles; el derecho de las familias a las oportunidades económicas y culturales necesarias para el florecimiento de la familia, como la libertad de asociación y confesión religiosa, una vivienda adecuada y la seguridad física, social, política y económica;

 el Estado no debería reconocer derechos falsos como el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo, al reconocimiento legal de las relaciones no conyugales como si se tratara de matrimonios o a tener hijos creados artificialmente.

La Iglesia apela a la autoridad de los gobiernos para que reconozcan que la promoción de la familia tiene importancia decisiva para la salud y el bienestar futuros de la sociedad en su conjunto.